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R: El tiempo puede variar dependiendo de la complejidad del caso y la cooperación de las autoridades involucradas. En algunos casos, el proceso puede tardar varios meses o incluso años.
El narcotráfico y la violencia en Ecuador está creciendo exponencialmente y el conservador presidente Guillermo Lasso perdió elecciones locales y un referéndum sobre las extradiciones. For everyú vive un caos de ingobernabilidad que puede durar muchos años, en Bolivia hace quince años que expulsaron a la DEA, el precise Gobierno de El Salvador se ha negado a realizar extradiciones de pandilleros, al Gobierno de Guatemala ya no le importa lo que diga y haga EE UU contra sus decisiones sobre el Poder Judicial.
La falta de tratado de extradición dificulta la lucha contra el crimen transnacional, ya que los delincuentes pueden escapar de la justicia al refugiarse en países que no tienen acuerdos de extradición con otros países.
Si se determina que se cumplen los requisitos, se emite una resolución en la que se autoriza la extradición. La persona a extraditar tiene entonces la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante un tribunal mexicano, el cual puede conceder o negar la extradición.
El procedimiento de extradición en México comienza con la solicitud formal de un país para que se entregue a una persona acusada de un delito.
La extradición es una figura jurídica que implica la entrega de una persona a otro país para que sea juzgada por delitos cometidos en ese lugar.
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* Al meditar sobre estos criterios historyé que hace algún tiempo, en ocasión del proceso de extradición del presunto prison argentino Ricardo Miguel Cavallo, requerido a México por el gobierno de España, el señor ex ministro de la SCJN, Juventino Castro y Castro declaró que tal petición se obsequiaba en virtud del "principio de la jurisdicción common", lo cual causó desconcierto en los medios especializados pues, como bien sabemos, tal principio es un derecho de los Estados a detener, juzgar o entregar para su enjuiciamiento a un presunto responsable de un crimen internacional grave y pernicioso independientemente del lugar en que hubiera sido cometido, la nacionalidad de la víctima o del propio infractor; en tanto que, la extradición, que es lo que en el caso Cavallo estaba en proceso, descansa en el principio aut dedere aut judicare, que es un deber u obligación que tiene un Estado para extraditar a un sujeto requerido por otro Estado para su juzgamiento o castigo y con el cual, preferentemente, existe un tratado de extradición.
En conclusión, la falta de tratados de extradición puede dificultar la lucha contra la delincuencia transnacional y la entrega de delincuentes buscados por la justicia.
Coincidimos con la autora, en que la vía más idónea que tienen los Estados para lograr el efectivo ejercicio de su facultad y deber de castigar a los responsables de haber delinquido en su territorio, pero que han logrado evadir a la justicia area, es mediante la intervención de la figura de la extradición como forma solidaria y cooperativa de la lucha internacional por evitar la impunidad del crimen.
La PGR es la que debe conocer de conformidad a lo establecido en nuestra Constitución Política, pues es la facultada para intervenir en los procedimientos de extradición.
Una vez aclarada la posición que guardan los tratados en el sistema navigate here de fuentes del derecho mexicano, la autora estudia de manera normal los cambios que se han presentado en el sistema político mexicano en los últimos años, y que se han traducido en el desgaste y debilitamiento del sistema presidencial para dar paso a un sistema más abierto donde los poderes Legislativo y Judicial participan de manera más activa tanto en la vida nacional como internacional de México. Es de destacar el papel have a peek at this web-site que ha asumido el Poder Judicial en materia de extradición, tanto en Check This Out el caso Cavallo como en la interpretación del artículo 4o.
Sin embargo, el magistrado tuvo que desactivarla después de plantear al juez de Marbella la entrega del presunto capo a las autoridades holandeses y este se opusiera con el argumento de que el detenido estaba siendo investigado por en España en una causa por blanqueo, tráfico de drogas y organización legal, y no procedía su extradición hasta que fuera juzgado por estos hechos.
Justamente, este se ha convertido en un incentivo para que otras naciones soliciten llevar a cabo las extradiciones de importantes delincuentes detenidos que han sido capturados por las Fuerzas Armadas, de manera independiente o en colaboración con instituciones locales de seguridad y procuración de justicia.